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Transición justa y financiación de la discapacidad

Desde la crisis de 2008 se ha producido un deterioro de la calidad de la financiación de los servicios a las personas con discapacidad, a la vez que las necesidades han ido creciendo. Eso ha llevado a la perdida de calidad en los servicios, cuando no precarización y a la fragilización de las entidades. En la salida de la crisis del COVID-19 se habla de la necesidad de una transición justa y avanzar hacia sociedades resilientes.

Teletrabajo y las claves a tener en cuenta

Nuestro comportamiento cotidiano colectivo es fruto de la historia, entre otros por los usos y costumbres de los seres humanos, de las políticas que activan nuestra forma de interacción social, y de hitos puntuales que ocurren colectivamente. Es decir, una noción antropológica de la cultura, el modo socialmente aprendido de la vida. ¿Será el teletrabajo una de ellas? ¿la crisis sanitaria lo impulsará definitivamente? Seguramente sí, será una de esas cosas que han venido para quedarse.

Incidencia y sostenibilidad del tercer sector de la discapacidad

Todas las entidades de discapacidad comparten un proyecto en común que se traduce básicamente en dos objetivos: uno defender los derechos de las personas con discapacidad y dos desarrollar apoyos y servicios que mejoren su bienestar y fomentando la participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones; unas se centran más en la defensa de derechos y otras en la gestión de servicios y muchas en ambos objetivos.

Garantizar que los gastos sean elegibles

La situación provocada por la declaración del Estado de alarma del COVID-19 ha hecho que muchas entidades tengan que incurran en gastos extraordinarios para atender a los efectos de la emergencia sanitaria de las personas con las que trabajan; al mismo tiempo hay que desarrollar otras actuaciones que no establan previstas para atender a las personas beneficiarias. Muchas entidades tienen dudas sobre si los gastos en los que están incurriendo serán aceptados por las administraciones.