Transición justa y financiación de la discapacidad
Temática:
- COVID-19
La transición justa no pude dejar atrás a las personas con discapacidad. En este artículo se hacen algunas propuestas y se invita a continuar el debate respondiendo a cuatro preguntas.
Es necesario cambiar la tendencia de los últimos años
Buena parte de los servicios que desarrollan las entidades de discapacidad pueden ser considerados servicios sociales de interés general en la terminología europea. Se trata de programas y apoyos que dan respuesta a necesidades esenciales de un grupo muy importante de personas en nuestra sociedad, en este caso de las personas con discapacidad, que están orientados a defender sus derechos y facilitar los apoyos necesarios para desarrollar una vida digna y la plena participación de las personas en la sociedad.
Los datos del INE de 2008 constataban que cerca de cuatro millones de personas (3.850.000) afirmaban tener discapacidad o limitación. Doce años más tarde es evidente que el número de personas con discapacidad en España es mucho mayor, máxime si tenemos en cuenta que cada vez hay más personas mayores con discapacidad y la tasa de envejecimiento de la población va creciendo. Esta tendencia seguirá aumentando por otra parte en los próximos años.
Múltiples estudios e informes demuestran que, tras la crisis de 2008, los presupuestos para servicios sociales se redujeron; luego progresivamente fueron incrementándose, pero algunas comunidades autónomas aún no han llegado a superar el presupuesto que invertían hace más de diez años. Nos encontramos pues en una incongruencia de la que la sociedad, nuestros representantes políticos y las administraciones han de tomar conciencia: no puede ser que aumenten las personas con discapacidad, crezcan sus necesidades y el presupuesto para dar respuesta a estas no se incremente o lo haga de modo exiguo.
Pero el problema hoy no solo es de infrafinanciación de los servicios sino de mala calidad de la financiación. Todos somos muy conscientes de que con motivo de la pasada crisis, los precios que se pagan por los servicios se han rebajado, lo cual va en detrimento de su calidad y ha puesto a las entidades sociales en una difícil sostenibilidad; no es posible seguir esta lógica de hacer más por menos y además esperar que se haga bien. El sistema de concierto, que se ha aprobado en los últimos años en muchas comunidades autónomas, por el momento no ha contribuido a la calidad y estabilidad de la financiación.
Durante la pandemia del COVID-19 las entidades del Tercer Sector han dado respuesta rápida, han tenido que hacer frente a gastos extraordinarios que por el momento no han sido asumidos por las administraciones y han demostrado su capacidad y movilizando sus propios recursos, incluso cuando los servicios sociales se han visto desbordados, para que nadie se quede atrás. Estos gastos extraordinarios por el momento no han sido compensados.
Transición justa, sociedades resilientes y financiación de las entidades de discapacidad
Con motivo de la crisis del COVID-19 las instituciones europeas y también las españolas insisten en que necesitamos una transición justa que no deje a nadie atrás y en que hemos de crear las condiciones para que nuestras sociedades sean más resilientes haciendo frente a posibles riesgos futuros. Una transición justa es la que no deja nadie atrás y crea condiciones para que las personas con discapacidad tengan garantizados sus derechos, disfruten de servicios dignos y no se queden atrás.
Existe un consenso generalizado en que para salir de la actual situación es necesario incrementar la financiación. Las instituciones europeas proponen intensificar la financiación en tres dimensiones 1. Para restablecer la economía, que ha de ir hacia una economía verde y una transición digital 2. Para fortalecer los presupuestos públicos de modo que den respuesta a las necesidades sociales 3. Para innovar y aprender de la actual situación de modo que en futuro estemos mejor preparados.
La financiación a la discapacidad y sus entidades ha de ser incluida en este proceso de transición justa. El papel de las entidades es más esencial que nunca, ya que son ellas las que están contribuyendo, en mayor medida, con sus estructuras y redes al abordaje de las necesidades de los colectivos más vulnerables para que nadie quede atrás. Se trata de un sector que se convierte en un motor esencial para un modelo de reactivación social y económica que no deje atrás a las personas más vulnerables y que apueste por un nuevo modelo de desarrollo inclusivo.
En concreto la financiación de una transición justa tiene que tener muy en cuenta las siguientes prioridades y necesidades que tendrán que ser atendidas:
- Desarrollar nuevos programas y servicios para hacer frente a las necesidades crecientes de apoyo sociosanitario de las personas con discapacidad así como al reto demográfico
- Desarrollar y reforzar los servicios de apoyo comunitario, teniendo en cuenta la nuclearización de las familias y su limitada capacidad de apoyar a las personas con discapacidad, así como la necesidad de reorientar servicios institucionalizados hacia servicios comunitarios
- Intensificar las medidas y actuaciones para hacer frente a las consecuencias generadas por la brecha digital invirtiendo en capacitación de las personas y accesibilidad cognitiva
- Apoyo intenso a la sostenibilidad de los centros especiales de empleo y su reconversión ante el cambio del mercado de trabajo, dado que muchas profesiones actuales desaparecerán y será necesario encontrar alternativas de empleo para las personas con discapacidad.
- Aplicación de los Fondos Europeos que llegarán para el periodo 2021-2027 a la mejora de las infraestructuras y equipamientos que atienden a las personas con discapacidad, así como a la capacitación de los recursos humanos y la inclusión activa de las personas.
Sistemas de financiación estable que garanticen la calidad de los servicios
Las administraciones deben de dotar de instrumentos financieros suficientes, y estables a las entidades de discapacidad, para que puedan conseguir su fin de apoyo y protección a las personas. No se puede seguir la tendencia de los últimos diez años que ha conducido a la precarización de las entidades y al deterioro de los servicios. Una financiación de calidad pasa por:
- Aplicar de modo generalizado las fórmulas de concierto, de modo que se garantice la calidad de los servicios, su continuidad y un pago justo a los mismos.
- Establecer líneas de ayuda para mejorar los equipamientos y las infraestructuras, para adaptarlas a las nuevas necesidades y para reconvertir los servicios hacia una orientación más comunitaria.
- Simplificación los trámites administrativos en las ayudas públicas, especialmente en las subvenciones y aplicar mecanismos de costes simplificados
- Facilitar el acceso al crédito y a la inversión así como apoyar financieramente la reconversión de los centros especiales de empleo, para que se adapten a las nuevas demandas y necesidades del mercado de trabajo
- Intensificar en os próximos años los fondos para la formación, especialmente en competencias básicas y en competencias digitales de las personas con discapacidad
- Facilitar la generación de economías de escala incentivando la colaboración estrecha con la administración mediante la puesta a disposición de fondos para poner en marcha experiencias innovadores.
Un debate al que todos tenemos que contribuir
La discapacidad no se pude quedar atrás en la salida de esta crisis. Esta crisis no pude suponer una nueva precarización y fragilización de los servicios a las personas con discapacidad. Por eso te invitamos a contribuir a este debate que implica encontrar soluciones entre todos:
¿Qué implicaciones tienen una transición justa para las entidades y servicios a las personas con discapacidad?
¿A qué necesidades habrá que hacer frente?
¿Qué oportunidades de financiación se abren?
¿Como nos hemos de preparar para aprovecharlas?