La sostenibilidad de los servicios sociales: claves para la revisión de la Ley de Desindexación
Temática:
- Gestión financiera
Este mes de marzo se ha celebrado en COMPASSS el seminario online “El impacto de la Ley de Desindexación sobre la continuidad de los servicios sociales”, liderado por CERMI Estatal y Fundación ONCE, que ha reunido el Tercer Sector de Acción Social (TSAS) para hablar en torno a la Ley de Desindexación y su efecto negativo en la revisión de precios de los contratos con la Administración para la prestación de servicios.
El evento, presentado por Pilar Villarino, directora ejecutiva de CERMI, contó con la intervención marco del gerente de CERMI, Luis Alonso, quien hizo un repaso de la situación actual de la revisión de precios en contratos de servicios sociales.
En un segundo bloque de intervenciones se invitó a organizaciones prestadoras de servicios del Tercer Sector de Acción Social a dialogar en torno a su experiencia y el impacto de esta ley en su sostenibilidad, cerrando con propuestas para hacer frente a esta situación. La mesa de diálogo contó con la participación de Juan Antonio Segura, comisionado de la Plataforma del Tercer Sector; Javier Luengo, gerente de Plena Inclusión; Raquel Prieto, gerente de FIAPAS; Antonio Pena, gerente del Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social COREGAL. Contando con la moderación de Isabel Jiménez, consultora de Fresno.
Puedes ver la sesión completa aquí
La Ley de Desindexación
La indexación se refiere a las medidas económicas que permiten ajustar los precios y tasas de interés a la inflación, protegiendo al poder adquisitivo de la moneda nacional y evitando su impacto negativo en la economía.
La indexación utiliza el IPC (Índice de Precios al Consumo), indicador que mide la evolución de los precios de los bienes y servicios que consume la población, para corregir las rentas, pensiones y otras deudas, como el cálculo de impuestos y tasas.
Sin embargo, este mecanismo puede generar aspectos indeseados como una inflación más elevada y favorecer su persistencia en el tiempo. Es por ello, que la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, eliminando la regulación indexadora, pretende reducir esta inercia en la inflación y propiciar un mayor ajuste de los precios a la situación económica.
En definitiva, esta ley pasa a limitar la revisión de los precios estableciendo solo algunos casos excepcionales en los que considera que la revisión es indispensable y considerando la actualización de precios y rentas ligadas a la evolución de los costes pertinentes en cada situación.
Impacto en la prestación de servicios desde el Tercer Sector de Acción Social
La Ley de Desindexación al eliminar la regulación indexadora, limita la revisión de precios en los contratos, considerando la excepcionalidad solo en los contratos de obra, contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y aquellos otros contratos en los que el periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. Es decir, no el caso de los contratos de prestación de los servicios sociales.
Por tanto, las organizaciones sociales y centros especiales de empleo de iniciativa social sin ánimo de lucro con contrato con la Administración Pública se ven obligadas a la prestación de servicios sin variación de precios durante la duración del contrato.
Este contexto produce una situación de inestabilidad económica en el TSAS que afecta a la sostenibilidad de la prestación de los servicios, con pérdidas económicas inasumibles y que pone en riesgo los recursos, las condiciones y la calidad de la atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Recomendaciones para la sostenibilidad de los servicios sociales
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Unidad del Tercer Sector de Acción Social
Desde el CERMI y la Plataforma del Tercer Sector (PTS) se ha realizado un diagnóstico de la situación que pone de manifiesto la importancia de un abordaje conjunto desde el TSAS.
En el análisis de ambas organizaciones se destaca la complejidad técnica del problema y la necesidad de aunar esfuerzos. El diálogo y la acción conjunta de todo el TSAS es imprescindible tanto para la especialización del TSAS como para la solidez de la negociación.
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Cuestión estratégica
El TSAS está en el camino para llevar a cabo un cambio de legislación e incluir sus demandas en la agenda política. La preocupación compartida se dirige hacia la labor de incidencia y negociación para el cambio legislativo que reconozca y favorezca la labor de las entidades sociales.
El análisis ya realizado desde el CERMI y la PTS va a servir para orientar un posicionamiento común. Asimismo, va a determinar los próximos pasos de un plan de acción que persigue una respuesta efectiva desde la Administración Estatal y que considere a su vez las competencias de las administraciones autonómicas.
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Incidencia política
Es necesario trabajar en la incidencia política para el reconocimiento del carácter esencial e insustituible de la labor del TSAS. Con el diálogo social como herramienta, es importante trasladar que las organizaciones del TSAS no solo son actores sociales sino también actores económicos generadores de empleo y con aportaciones importantes al PIB.
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Negociación
Es imprescindible la revisión de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, así como la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para reducir el impacto negativo que tiene la falta de actualización de precios en los contratos de servicios, así como contemplar otras medidas compensatorias que hagan frente a inestabilidad de la prestación de los servicios actualmente.
Si bien, el avance en la sostenibilidad de los servicios sociales se dirige a apostar por fórmulas de financiación más estables como el contrato público, se debe hacer mediante mecanismos que garanticen la estabilidad económica y que no repercutan negativamente en la competitividad de las organizaciones sin ánimo de lucro, por el ámbito de actuación y el interés social de las mismas.