Incidencia y sostenibilidad del tercer sector de la discapacidad
Temática:
- COVID-19
Las entidades de discapacidad cuentan con una larga historia en España; muchas de ellas surgieron hace décadas, fueron promovidas por el esfuerzo altruista de las propias personas con discapacidad o por sus familiares. Hoy en día la discapacidad cuenta con un amplio y cohesionado tejido social de entidades, están especializadas en distintos ámbitos, son plurales en sus formas de pensar y de actuar, y tienen una capilaridad que se hace presente en cualquier parte del territorio español. Su red de servicios, la cualificación de sus profesionales, el liderazgo de sus directivos, su capacidad de innovación, de dar respuesta a las necesidades de las personas, de estar siempre atentas a las necesidades y de adaptación e innovación permanente es innegable. El protagonismo de las personas con discapacidad y sus familias es su seña de identidad.
Es evidente que la realidad de la discapacidad sería hoy muy distinta en España si no fuera por el trabajo desarrollado por el movimiento asociativo. En el pasado las administraciones públicas han confiado en una colaboración estrecha con las entidades sociales, para la gestión e muchos servicios públicos dirigidos a las personas con discapacidad; esto ha permitido desarrollos importantes en ámbitos tan variados como la atención temprana, la presencia en todas las etapas educativas, los apoyos a la vida independiente, las soluciones a las necesidades de vivienda, la accesibilidad, y por supuesto el acceso a la formación y el empleo por distintas vías, entre otras, mediante la creación de centros especiales de empleo y otras fórmulas de economía social.
A pesar de estos avances, la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad y la realización de sus derechos es un reto pendiente tal y como demuestran las estadísticas cuando miramos indicadores clave relacionados con la educación, el acceso al empleo, los niveles de renta o las pensiones y vemos las desventajas que aún tienen con respecto a la media de la población española. Más aún, los cambios demográficos y también los avances científicos y sociales, hacen que se detecten nuevas situaciones de discapacidad que han de ser atendidas y que el porcentaje global de personas con discapacidad aumente, dado el incremento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población. Todo ello requiere nuevas formas de apoyo y el desarrollo de nuevos servicios en una sociedad cada vez más compleja.
En los últimos años, especialmente desde la crisis económica de 2008, muchos de los servicios dirigidos a las personas con discapacidad se han visto debilitados por la falta de una financiación pública adecuada; esta misma limitación en la financiación hacen que no se haya podido dar respuesta a nuevas necesidades. La generalización de las fórmulas de licitación de los servicios, en las que ha primado el precio y no la adecuada relación calidad precio ha derivado en un abaratamiento de los costes que ha ido en detrimento de la calidad de los servicios. Hay una convicción generalizada de que la contratación, que al fin y al cabo es una “compra de servicios” no es el mecanismo adecuado para desarrollar servicios dirigidos a las personas, que requieren estabilidad, continuidad, compromiso y arraigo en el entorno.
La crisis provocada por el COVID-19 va a conducir a un incremento de la deuda pública y en consecuencia a una restricción en los presupuestos sociales. Todo ello puede abocar a un nuevo debilitamiento y precarización de los servicios y en una fragilización de las entidades y por ende, a un retroceso en la calidad de la atención a las personas con discapacidad. Por eso la incidencia el Tercer Sector de la Discapacidad es más necesaria que nunca, si se quiere garantizar su sostenibilidad y el cumplimiento de su misión. Esta estrategia de incidencia pasa al menos por trabajar en las siguientes direcciones:
- Diversificar las fuentes de financiación de las entidades buscando un mix adecuado de financiación entre fondos públicos, fondos privados y financiación propia. Es necesario tener en cuenta de que las sociedades europeas están avanzando hacia un modelo de bienestar plural welfare mix, en el que, el Estado tiene que seguir siendo el garante de los servicios de la ciudadanía, pero no pude asumir todos los costes que conlleva la atención a las personas. Por eso la provisión de los servicios y apoyos a las personas cada vez más vendrá de un mix entre servicios públicos, servicios de iniciativa privada, lucrativa y no lucrativa y servicios desarrollados a partir de la solidaridad comunitaria mediante iniciativas de autoayuda y hetero ayuda. Por lo tanto, las entidades de discapacidad han de aspirar a obtener un equilibrio en el futuro en sus fuentes de financiación:
- Reforzando la captación pública de recursos, especialmente en aquellos programas y servicios que presten que son de garantía publica, que están en las carteras de servicios y que por lo tanto han de ser garantizados como derechos subjetivos.
- Buscando fuentes de financiación privadas, que pueden venir tanto de las empresas por la vía de la RSC como de particulares. Para ello es necesario avanzar en estrategias de fundraising y en alianzas con el sector mercantil en aquellos ámbitos en los que hay confluencias e intereses comunes, entendiendo que el sector mercantil puede ser un competidor, pero también puede ser un aliado en la prestación de determinados servicios.
- Generando recursos propios por medio de la venta de servicios y de la rentabilización de los propios activos, espacios, infraestructuras, etc. que han de ponerse a producir, por ejemplo, mediante el alquiler de instalación ociosas, desarrollo de servicios que se necesitan en los entornos, sistemas de autoconsumo, etc.
- Reclamar y exigir un cambio en el sistema de relaciones con la administración que sustituya el principio de subsidiariedad por el principio de complementariedad. De una vez por todas es necesario entender que las entidades sociales no son subsidiarias de la administración, sino que son imprescindibles en el entramado de protección social. Estado y sociedad civil no están en competencia, sino que tienen que actuar en colaboración estrecha y de modo complementario en el desarrollo de los bienes públicos y los servicios a la ciudadanía. Las políticas y servicios a las personas con discapacidad serán mucho más activos si existe una colaboración estrecha entre administraciones y entidades de la discapacidad. Es importante entender que los servicios dirigidos a las personas con discapacidad son servicios de interés general y que un ningún caso tiene que estar condicionados por el interés económico. En consecuencia, se ha de evitar el riesgo de mercantilización de los servicios, (también mediante modas como la inversión de impacto, etc.), puesto que estos servicios en ningún caso han de estar determinadas por la obtención de rentabilidad económica.
- Reclamar un cambio en el sistema de financiación pública de los servicios y actividades que desarrollan las entidades sociales, que sea adecuado a las necesidades, suficiente y estable y que se desarrolle por fórmulas idóneas:
- Desarrollar de modo coherente el concierto social como manera idónea y preferente de colaboración entre administración pública e iniciativa social en la prestación de servicios, y evitando lo que ocurre ahora que en muchos sitios el concierto acaba siendo un sistema de contratación encubierta.
- Aplicar de modo correcto los sistemas de licitación para evitar que los servicios sigan deteriorándose y se sigan rigiendo preferentemente por el criterio del precio; introducir cláusulas sociales en los procedimientos de contratación.
- Garantizar un suelo de financiación por la vía del 0,7%, del IRPF y del Impuesto de Sociedades, o por otras fórmulas para las entidades de ámbito estatal que juegan un papel imprescindible en la articulación de programas, coordinación del sector y cohesión social.
- Mejorar de una vez por todas sistemas de subvenciones, introduciendo mecanismo ágiles de gestión, simplificando los procedimientos de justificación, por ejemplo, mediante la justificación por módulos y orientando los recursos a una actuación más eficiente.
- Estar atentos a innovar y a abrir nuevas oportunidades de actuación. Estar atentos a las nuevas necesidades de la población con discapacidad, que en muchos casos seguirán siendo las mismas pero que en otros casos serán necesidades generadas por el impacto social del COVID-19. El Tercer Sector de la discapacidad tiene experiencia y profesionalidad en ámbitos que actualmente son prioritarios en los servicios sociales; viene desarrollando desde hace muchos años modelos de atención a la persona, desde la perspectiva de los proyectos de vida, de la vida independiente del empoderamiento, de la participación en la vida comunitaria, etc. Esos servicios han de impulsarse no solo en el ámbito de la discapacidad, sino en otros ámbitos en los que hay confluencias de necesidades e intereses, como es el caso del envejecimiento. Estas nuevas necesidades son clave para la sostenibilidad del sector y están relacionadas con:
- El ámbito de la sociedad digital
- La sostenibilidad ambiental, que está estrechamente relacionada con la sostenibilidad social
- La reconversión de los servicios hacia enfoques comunitarios en línea con los principios y requisitos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
- El desarrollo de nuevos servicios que atiendan a las nuevas necesidades
Tras la crisis del COVID-19 se habla cada vez más de la necesidad de una transición justa; las entidades de discapacidad tienen que formar parte de esa transición justa y contar con los apoyos necesarios para la reconversión y reorganización de los Centros Especiales de Empleo que tienen que estar pensados desde la perspectiva de las nuevas necesidades económicas primando la cohesión, la digitalización y la transición ecológica y las oportunidades de la nueva economía.