FINANCIACIÓN PÚBLICA: 0,7 IRPF e Impuesto de Sociedades.
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El Tercer Sector muestra su preocupación ante la propuesta del gobierno para repartir los fondos del 0,7 del IRPF y del Impuesto de Sociedades.
Las entidades de la discapacidad, representadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), han mostrado su desacuerdo con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por el reparto del 0,7 correspondiente al IRPF y al Impuesto de Sociedades, argumentado que la propuesta de reparto de estos fondos pone en riesgo la sostenibilidad de las entidades de acción social, ya que se recortan drásticamente su financiación.
El gobierno, amparándose en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, refiere que el porcentaje recaudado de Impuesto de Sociedades se destinará a financiar “actividades de interés general consideradas de interés social”, por lo que ha decidido repartir los fondos recaudados (34 millones de euros), entre las organizaciones sociales, organizaciones medioambientales y de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y no destinarlo únicamente a las entidades de “acción social” como revindica el CERMI y la Plataforma de Acción Social, representando a 30.000 entidades del Tercer Sector.
El CERMI también ha manifestado su disconformidad con el reparto del 0,7% del IRPF, que en los últimos años había sido gestionado en un 20% por el estado y un 80% por las Comunidades Autónomas. La propuesta del Ministerios de Derechos Sociales y Agenda 2030 es reducir el porcentaje ejecutado a nivel estatal, al 14,9% y destinar el 85,1% a las Comunidades Autónomas.
Las entidades sociales han puesto de manifiesto su descontento con la propuesta planteada por el gobierno puesto que entienden que estas medidas fragilizan la sostenibilidad de las entidades sociales, y concretamente las entidades de la discapacidad, en un momento en el que estas organizaciones, ante el incremento de las necesidades por la COVID-19, están teniendo que invertir más recursos y están teniendo muchos gastos extraordinarios por motivos de la crisis.
En estos momentos, en los que se ha agravado la situación y necesidades de las personas y especialmente para las personas con discapacidad, se hace imprescindible que el gobierno garantice un suelo de financiación suficiente para que las entidades del Tercer Sector puedan seguir atendiendo a las personas con necesidades en condiciones idóneas para paliar los efectos de la crisis.