Desescalada: Caminando hacia la nueva normalidad.
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La pandemia de la COVID-19 es una de las crisis de mayor dimensión de nuestra historia reciente. La magnitud del impacto se prevé devastador y de carácter multidimensional, en lo sanitario, lo social y lo económico. Aunque esta crisis también abre una ventana de oportunidad para el cambio y el impulso y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etc. Concretamente para el tercer sector es una oportunidad para reforzar y fortalecer la íntima relación de colaboración entre las administraciones públicas y las organizaciones de tercer sector.
La emergencia sanitaria, social y económica ha afectado al conjunto de toda la población, pero sin duda, las personas con discapacidad y sus familias han sido castigadas especialmente, como consecuencia de que necesitan más apoyo.
El gobierno de España, ante la expansión de la pandemia, se vio obligado a aprobar el 14 de marzo el estado de alarma a través de un Real Decreto y a adoptar medidas severas que afectaron a la movilidad y a la actividad económica; medidas que han demostrado, al disminuir el número de fallecidos y contagiados por la COVID-19, que han sido eficaces, aunque están teniendo un impacto muy negativo en la actividad económica y sobre grupos sociales vulnerables.
Transcurrido un periodo de más de dos meses desde que se desencadenó la pandemia, es tiempo para comenzar la recuperación social y económica, por ello es necesario abordar la transición hacia una nueva normalidad. El Gobierno de España ha planteado un plan de desescalada, denominado “Plan para la transición hacia la nueva normalidad”, en el que se estipula que esa vuelta a la normalidad ha de ser gradual, asimétrica, de forma coordinada con las comunidades autónomas.
Las entidades sociales, de manera formal e informal, han sido capaces de responder rápidamente a la crisis y de prestar servicios de emergencia a colectivos vulnerables. En este sentido, las entidades sociales tienen que adaptarse rápidamente y transitar hacia la nueva normalidad, comenzando la desescalada y su actividad ordinaria, y para ello tienen que establecer sus propios planes de desescalada. Para ello las entidades del tercer sector ha de incidir en su reactivación económica de la entidad y en la protección de la salud pública en los servicios y recursos prestados. planteamos incidir en dos grandes ámbitos la desescalada de la propia entidad y la desescalada en los recursos asistenciales o sociales.
Reactivación de las entidades sociales: nuevas oportunidades.
El momento de excepcionalidad vivido, en el que se ha paralizado parte de la actividad económica y social del país, puede ser un muy buen punto de partida para que las entidades sociales reflexionen sobre los retos futuros y busquen un mejor posicionamiento incorporando en el proceso de desescalada los siguientes aspectos:
- Detectar necesidades. Las entidades del sector deberán estar atentas a las nuevas necesidades que puedan surgir ante esta nueva crisis.
- Incrementar la influencia y posicionarse como agente clave a través de la incidencia.
- Gestionar el conocimiento para incrementar el impacto de las entidades sociales.
- Incorporar herramientas tecnológicas para ganar eficiencia y optimizar los recursos.
- Garantizar la protección del personal laboral.
- Establecer planes de riesgos y planes de contingencia.
Las entidades sociales deben reflexionar y repensar su futuro, profundizando y conocimiento cuál es la situación de la organización y cuáles son las necesidades ante la situación actual y ante la nueva realidad. Las entidades pueden establecer un espacio de reflexión que profundice en aspectos relacionados con el análisis de necesidades, recogida de información por fases, tanto del sector como de la propia organización. Para ello se pueden utilizar metodologías ágiles (Scrum, Kanban, etc.) para obtener el máximo beneficio.
En este sentido, las entidades deben tener encendido el radar, por lo que es fundamental y sumamente necesario realizar un seguimiento continuo, que se plasmará en un cuadro de mando integral y único, en el que se establezcan una serie de valores nos irán ayudando a saber en qué situación se encuentra la entidad y también una serie de parámetros fundamentales para la toma de decisión que son necesarios para avanzar en la desescalada. Todo ello con perspectiva de sostenibilidad en el largo plazo.
Ante la crisis del COVID-19 las entidades del tercer sector han ser más influyentes e incidir en las políticas sociales, garantizando que las necesidades del sector se priorizan en la agenda política.
Las entidades sociales han de caminar hacia la transformación, convirtiéndose en entidades del conocimiento. La gestión del conocimiento va a permitir a las entidades a ser más eficientes, relevantes y tener una mayor influencia para promover camios, especialmente en contextos convulsos como los que estamos viviendo actualmente.
La incidencia se ha de enfocar tanto al ámbito estatal como al ámbito europeo. Las entidades pueden sumarse a iniciativas de la sociedad civil europea para dar una respuesta adecuada a los múltiples retos a los que nos enfrentamos y luchar para que se garanticen los veinte principios recogidos en el Pilar de Derechos sociales comprometidos por los todos los países miembros de la Unión Europea.
La capacidad de influencia ha de ser también interna, no sólo externa, como se acaba de señalar. En este sentido, se han de incorporar mejoras e innovaciones en la gestión de las entidades (equipos, departamentos, etc.) y por ello plantearse estos cambios o mejoras a medio y largo plazo.
Las organizaciones del tercer sector han de reforzar los aspectos tecnológicos, no únicamente centrarlos en aspectos relacionados con la facilitación del teletrabajo a los profesionales que trabajan en el sector, sino que se han de digitalizar de manera adecuada. Se prevé que la situación vivida de confinamiento no va a ser la única, sino que van a producir nuevas situaciones de aislamiento y las entidades sociales han de estar en una posición competitiva y poder continuar prestando sus servicios de la manera más adecuada. Tanto por esta cuestión, como por otros aspectos sumamente relevantes como son los medioambientales, la eficacia y la eficiencia, las entidades han de incorporar nuevas herramientas digitales u optimizar las que ya tienen.
En este sentido, es el momento idóneo para que las entidades sociales fortalezcan sus sistemas tecnológicos relacionados con la recogida y el tratamiento de los datos. La fiabilidad y automatización de los datos ha de ser una prioridad; el establecimiento o la adaptación de tecnologías que traten y desgranen los datos favorecerá la eficiencia de las entidades, las evidencias sobre el impacto de sus acciones y su posicionamiento ante posibles donantes y la administración pública.
Las medidas de desescalada también deben considera la gestión interna de los recursos humanos y su continuidad y vuelta al trabajo. Las entidades sociales se han visto empujadas a implantar sistemas de teletrabajo para poder continuar con su actividad. El discurso durante la crisis ha sido que el teletrabajo ha llegado para quedarse, las entidades sociales han este establecer un paquete de medidas a corto o medio plazo para retomar y combinar el trabajo presencial con el trabajo no presencial (teletrabajo).
Como se ha señalado, muy posiblemente se producirán brotes de la pandemia que nos obligarán a retomar medidas de confinamiento o aislamiento, por ello, las organizaciones han de elaborar procedimientos que contemplen medidas para garantizar el teletrabajo y las medidas sanitarias e higiénicas, tales como desinfecciones de sedes, materiales de protección EPI para personal laboral, etc. que favorezcan el trabajo presencial.
Por último, aunque no menos importante, las entidades sociales han de fortalecer los sistemas de gestión del riesgo y elaborar planes de contingencias. Las entidades sociales que contaban antes de la crisis con planes de riesgo es fundamental que los revisen e incorporen los aprendizajes obtenidos durante la gestión de la crisis del COVID-19. Por el contrario, aquellas entidades que aún no contaban con un sistema de riesgos, es esencial y prioritario la implantación de un sistema de estas características para poder hacer frente a cualquier crisis futura.
A nivel de servicios atención y asistencia.
Las organizaciones sociales, en muchos casos han venido ofreciendo sus servicios y en otros mucho ha tenido que adaptar o modificar su porfolio de programas. Ante la nueva situación de vuelta a la normalidad muchas han de incorporar medidas urgentes para que los servicios sociales o recursos asistenciales puedan continuar con el trabajo de apoyo y atención a las poblaciones más vulnerables y la atención de situaciones de emergencia.
Las organizaciones sociales han de establecer un plan de desescalada adaptándolo a las “especifidades” para la apertura de los centros de la apertura de los centros y servicios sociales de atención a las personas, en el marco de la crisis por la Covid-19.
En este sentido las organizaciones han de realizar un seguimiento sobre como ha afectado esta situación a los proyectos y elaborar un diagnóstico o punto de partida para comenzar el plan de desescalada centrado en servicios concretos y sin perder de vista las directrices que establece el Gobierno.
Las comunidades autónomas junto con diversas plataformas del tercer sector y del sector de la discapacidad, han publicado diversos planes y procedimientos para tener en cuenta para el desconfinamiento de los servicios asistenciales:
- Establecer una desescalada segura a través de un sistema rápido de detección, realizando pruebas de detección precoz del virus y actuando rápidamente ante la presencia de síntomas para así romper la cadena de trasmisión de la pandemia.
- Reforzar y proteger especialmente los recursos residenciales facilitando equipos de protección, material sanitario y de limpieza suficiente.
- Instaurar planes de transición que eviten la alta concentración de personas, diseñando protocolos y procedimientos de medidas preventivas en los lugares de trabajo, tales como establecimiento de turnos, teletrabajo, etc.
- Garantizar los recursos materiales y profesionales para dar continuidad a los servicios y las actividades.
- Realizar acciones continuas de información y anticipación dirigidas tanto a los profesionales como a las personas beneficiarias de los recursos y servicios.